No ha habido ninguna reacción de las autoridades nacionales sobre las recientes denuncias de contaminación que afectan a las represas de Incachaca y Milluni, que abastecen de agua potable a cientos de miles de personas de las ciudades de El Alto y La Paz.

Pese a la gravedad de estas denuncias, las autoridades han mantenido silencio. El Cedib, además de las opiniones previas entregadas por la Fundación Solón, la UMSA y otras entidades, señala que las actividades mineras cercanas a esas dos represas lanzan sus desechos en las cercanías y terminan afectando a ambas represas y, consiguientemente, a la calidad de sus aguas.

Se derraman minerales como mercurio, cadmio, arsénico y plomo, usuales en las actividades mineras, y que ocasionan enfermedades serias, como problemas gástricos y de la piel, y otras que afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, pudiendo provocar diversas dolencias.

Esa agua contaminada no se convierte en potable si es hervida, puesto que ese proceso mata a los microorganismos que pueden estar presentes en el líquido, pero no elimina la presencia de los mencionados metales.

La población de La Paz y El Alto está ante una posible emergencia sanitaria por esta razón, pero ello no motiva a las autoridades ni siquiera a desmentir esos temores. En este tema, la inercia caracteriza a las autoridades de Epsas y de los ministerios de Minería y Medio Ambiente y Agua. Por eso es tan importante tomar muestras en 15 o 20 lugares diferentes de las dos ciudades y comprobar si efectivamente esos metales están o no presentes en el agua.

Estas constataciones, así como un reporte sobre el tema, son importantes para tranquilidad de la ciudadanía. El Gobierno ha permitido a los cooperativistas mineros, quienes son sus aliados políticos, hacer y deshacer a su antojo, y ponerles límites en sus actividades en los alrededores de Milluni e Incachaca podría generar violencia.

El Cedib también ha denunciado que el país sigue manteniendo una norma transitoria sobre los límites permitidos de minerales en el agua. En el caso del arsénico, que es altamente nocivo, Bolivia autoriza su presencia en hasta 100 microgramos por litro de agua, es decir 10 veces de lo recomendado por la OMS. Ello lamentablemente implica un récord mundial, ya que ningún país autoriza oficialmente la presencia tan alta de un metal  pernicioso para la vida de las personas.

Este problema se vive en todo el país: los habitantes de cientos de localidades acceden al agua de fuentes inseguras, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No podemos continuar sin exigir a las autoridades una respuesta al respecto.