Médicos del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz expresaron ayer su preocupación por la Ley de Garantías Constitucionales también llamada ley de impunidad impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque consideran que dará inmunidad a aquellas autoridades que promovieron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre.

El dirigente del sector, Fernando Romero, lamentó la actitud de diputados y senadores del MAS que pretenden “beneficiar” a las exautoridades, entre ellos Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Estamos sumamente preocupados por la intención que tienen los parlamentarios del MAS de aprobar esta ley de impunidad. Como sector estamos reunidos, en asambleas analizando esa situación. Si tenemos que salir a las calles, una vez más a luchar y defender la democracia, lo vamos hacer. No vamos abandonar a los bolivianos ni a los pacientes”, agregó.

Asimismo, el galeno indicó que, también, están en alerta por su demanda “pendiente” con el Gobierno, sobre la inclusión a la Ley General del Trabajo. Remarcó que esperan reunirse con el titular de Salud, Aníbal Cruz en estos días o máximo, la próxima semana para tratar este tema.

Entretanto una comisión de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) advirtió, mediante un informe dictamen, que el proyecto de Ley de Garantías legaliza un sistema de impunidad, falta de tutela judicial efectiva y transgrede la división de funciones de los órganos del Estado.

En respuesta a una solicitud de análisis y dictamen técnico-constitucional enviada por la diputada Jhovana Jordán, secretaria del Comité del Control Constitucional de la Cámara de Diputados, el decano de la facultad Javier Tapia, hizo conocer que dicha comisión fue conformada por los docentes titulares María Cecilia Rocabado, Boris Wilson Arias, Gustavo Camacho Pérez, Jorge Mostajo Barrios, Víctor Hugo Chávez Serrano, Isarel Centellas y Osvaldo Zegarra.

Señala que el proyecto es ley ajeno a la técnica jurídica porque la Constitución no necesita un instrumento normativo de inferior jerarquía que legitime, cualifique, interprete o reafirme, lo que desnuda la fragilidad en la concepción del proyecto de ley.

Observa que dicho proyecto transgrede la división de funciones de los órganos del poder, legaliza la usurpación de funciones del Órgano Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público, porque desnaturaliza sus competencias respecto a la persecución penal y cede funciones que son propias del Estado a los organismos internacionales sin existir tratado ni referéndum de por medio.

Asimismo advierte que crea privilegios, fueros, inmunidades y amnistías no establecidos en la Constitución, afectando la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, por lo cual recomienda acudir a las vías del control de constitucionalidad y resolución de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.